ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y SEGURIDAD ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024

En el Salón de Plenos de las Casas Consistoriales de Mogán, siendo las ocho horas, treinta y un minutos del día 29 de abril de 2024, se reúne la Comisión Informativa de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, bajo la Presidencia del segundo Teniente de Alcalde, don Juan Ernesto Hernández Cruz, con asistencia de los señores Concejales que al margen se expresan, al objeto de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido convocados previa y reglamentariamente.

Actúa el Secretario General Accidental de la Corporación, Don David Chao Castro, que da fe del acto.

SRES. Y SRAS. ASISTENTES

ALCALDE

Nombre	Asiste	Partido
ONALIA BUENO GARCIA	No	JPM

CONCEJALES

Nombre	Asiste	Partido
JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO	No	JPM
JUAN ERNESTO HERNANDEZ CRUZ	Sí	JPM
TANIA DEL PINO ALONSO PEREZ	No	JPM
LUIS MIGUEL BECERRA ANDRE	No	JPM
CONSUELO DIAZ LEON	No	JPM
VICTOR GUTIERREZ NAVARRO	Sí	JPM
WILIAN CRISTOFE GARCIA JIMENEZ	Sí	JPM
MENCEY SANTANA RODRIGUEZ	No	JPM
EMILY DEL CARMEN QUINTANA RAMIREZ	No	JPM
RAICO GUERRA RODRIGUEZ	Sí	JPM
JOSUE HERNANDEZ DELGADO	No	JPM
JUANA TERESA VEGA JIMENEZ	No	JPM
MINERVA OLIVA MARTEL	No	JPM
GRIMANESA ARTILES OLIVA	No	JPM
YAIZA LLOVELL HERNANDEZ	No	JPM
NEFTALI DE JESUS SABINA DENIZ	No	JPM
JOSE JAVIER ROMERO ALONSO	Sí	NC-FAC
JUAN MANUEL GABELLA GONZALEZ	No	NC-FAC
JULIAN ARTEMI ARTILES MORALEDA	No	PSOE
DOLORES MONDEJAR NAVARRO	No	PSOE

INTERVENTOR

Nombre	Asiste	Partido
SALVADOR ALVAREZ LEON	No	.

SECRETARIO

Nombre	Asiste	Partido
DAVID CHAO CASTRO	Sí	.

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobada por la Secretaría la existencia de cuórum de asistencia precisa para que se pueda iniciar, se procede a conocer los asuntos que integran el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Nº Orden	Expresión del asunto
Punto 1º	Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 28 de febrero de 2024.
Punto 2º	Expte. 2338/2024. Propuesta para la modificación del Reglamento Municipal de Transporte.
Punto 3º	Expte. 2131/2024. Desestimar las alegaciones presentadas e interponer sanción de 22.501,00 euros y cese definitivo de la actividad (Rte. El Pirata).
Punto 4º	Dación de cuentas de los concejales delegados.
Punto 5º	Ruegos y preguntas.
Punto 6º	Asuntos de urgencia.

1.-Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 28 de febrero de 2024.

Se aprueba por asentimiento.

2.- Expte. 2338/2024. Propuesta para la modificación del Reglamento Municipal de Transporte.

La propuesta emitida literalmente dice:

“D. Víctor Gutiérrez Navarro, Concejal Delegado en materia de Jardines, Tráfico y Transporte, Alumbrado y Pesca, según Decreto nº. 2023/3349, de fecha 19 de junio, en relación al expediente y asunto epigrafiados, y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Visto el Informe Técnico de D. Víctor Rodríguez Bueno, Ingeniero Industrial Municipal del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, de fecha 15/04/2024, con CSV: q006754aa9070f0c14e07e8039040a36u.

SEGUNDO.- Visto el Informe Propuesta de Dña. Mónica Segura Cordero, Abogada del Iltre. Ayuntamiento de Mogán, de fecha 15/04/2024, con CSV: y006754aa92a0f0d33007e8186040b052, que literalmente expresa,

<<MÓNICA SEGURA CORDERO, Abogada, adscrita al Servicio de Asesoría Jurídica y Mediación por Decreto nº 2235/2015 de 24 de julio, vista Providencia de fecha 15/04/2024 de Concejal delegado con competencias en materia de Tráfico y Transportes, con asunto arriba referenciado, al amparo de lo dispuesto el artículo 212 del Reglamento orgánico municipal,emito el presente informe que baso en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Vista Memoria Justificativa emitida por el Concejal delegado con competencias en la materia con CSV BZ006754aa9010c01ddc07e801f040b10k de fecha 15/04/2024.

SEGUNDO.- Visto informe técnico de fecha 15/04/2024 con CSV Bq006754aa9070f0c14e07e8039040a36u que consta en el expediente.

TERCERO.- Consta en el expediente además Proyecto de modificación de Reglamento municipal de transporte en el que se recoge preámbulo así como texto de modificación del articulado del Reglamento y concretamente los artículos 103,104,105,136,150,152 y 155.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

PRIMERA. El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de autoorganización.

Aprobado y publicado el Reglamento municipal de Transportes en su última modificación, BOP nº 157 de 30 de diciembre de 2019, como instrumento adecuado para regular la materia, y una vez que surgen nuevas necesidades, se debe proceder a la modificación del mismo. Para la modificación de los Reglamentos deberán seguirse los mismos trámites que para su aprobación. Dicho Reglamento municipal es una disposición administrativa de aplicación sólo en el Municipio y de rango inferior a la Ley, sujeta a un procedimiento formal de aprobación.

SEGUNDA. La Legislación aplicable es la siguiente:

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ley 13/2007 ,de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el que se regula el Reglamento del Servicio de taxi.

TERCERA. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de reglamento o de Ordenanza, se sustanciará una Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. c) Los objetivos de la norma y d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

La consulta pública podrá omitirse cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, la concurrencia de dichas circunstancias debe quedar acreditada suficientemente. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

A este respecto figura en el expediente escrito de la Cooperativa de Autotaxis de Mogán, como sujetos y organización más representativa potencialmente afectados por la futura norma, en el que solicita modificaciones en el texto de Reglamento municipal de Transporte siendo además que el Proyecto de modificación del Reglamento propone la modificación de aspectos parciales de la norma en cuestión. Por otro lado se ha de considerar que la competencia para la regulación del servicio del taxi de acuerdo a lo estipulado en la Ley 13/2007 ,de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias así como el Decreto 74/2012 de 2 de agosto por el que se regula el Reglamento del Servicio de taxi otorgan la competencia a los Ayuntamientos para regular determinados aspectos de la prestación del servicio de taxi, a esos efectos se puede considerar justificada la omisión de la consulta previa.

CUARTA.- La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. De acuerdo con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la omisión de estos trámites exigirá una amplia y detallada justificación.

QUINTA. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En el preámbulo, de los proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. En el proyecto de modificación del Reglamento, así como en el preámbulo del texto definitivo de la misma deberá acreditarse su adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretamente:

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa deberá estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Y por último en aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de

su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. En este sentido, señala el artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

Atendiendo a estos extremos establecidos en el artículo 129 de la LPACAP figura en el expediente memoria justificativa de cumplimiento de los principios de buena regulación así como preámbulo.

SEXTA.- El ROM en sus artículos 134 a 146 establece el procedimiento a seguir para la aprobación de ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones municipales de carácter normativo, se regirá por lo dispuesto en el artículo 111 de la LRBRL. Durante todo el proceso de modificación del Reglamento municipal de Transporte habrá de cumplirse con las exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la normativa vigente en materia de transparencia.

Por otro lado y de acuerdo a la propuesta de modificación del articulado baste decir que el mismo se ajusta a lo establecido en la normativa específica.

SÉPTIMA.- El procedimiento para llevar a cabo la modificación del Reglamento municipal es el siguiente:

A. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación de Ordenanza, se realizará la Consulta Pública previa, a través del portal web del Ayuntamiento, señalando expresamente que dicha publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma. El Ayuntamiento publicará un Anuncio-Memoria en la que recogerá los extremos previstos en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015.

B. A la vista del resultado de la consulta pública previa, por Providencia de Alcaldía, se solicitará a los Servicios Municipales competentes, en razón de la materia o a los Servicios Externos que se contrate al efecto, la elaboración de la modificación del Reglamento municipal de Transporte.

C. Elaborado y recibido el proyecto de modificación del Reglamento, corresponderá la aprobación inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de información pública, por un plazo mínimo de treinta días, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Simultáneamente, se publicará en el portal web del Ayuntamiento [dirección https://www.mogan.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.

D. Concluido el período de información pública y audiencia de los interesados, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán estudiarse e informarse estas por la Comisión Informativa oportuna, que formulará la correspondiente propuesta de aprobación de la modificación de la Ordenanza que será definitivamente aprobada por el Pleno de la Entidad Local. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

E. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones y/o sugerencias en relación con la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública y audiencia de los interesados, el Acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo extendiéndose por esta Secretaría certificación que acredite tal circunstancia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

F. El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita] de la modificación del Reglamento, con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://mogan.es].

En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.

G. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la modificación de la Ordenanza, o en su caso, la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Que se apruebe por el Pleno inicialmente la modificación del Reglamento municipal de Transporte en los términos en que figura en el Anexo I de este informe.

SEGUNDA.- Publicar dicho acuerdo en el Tablón municipal del Ayuntamiento en la web municipal así como en el Boletín oficial de la Provincia durante un plazo de treinta días como mínimo, dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERA.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

CUARTA.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado del Reglamento municipal de Transportes.

El presente informe se emite con nota de conformidad del Secretario General de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. Es cuanto tengo a bien informar a los efectos oportunos, según mi leal saber y entender desde el punto de vista jurídico y sin perjuicio de otro informe mejor fundado en derecho, quedando a salvo en cualquier caso, los pronunciamientos a que haya lugar por parte de la Corporación del Ayuntamiento de Mogán.

ANEXO

PREAMBULO

Esta modificación del Reglamento municipal de Transporte se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En aplicación de los principios de necesidad y eficacia, esta norma persigue un interés general, tiene un fin claramente identificado y es el instrumento más adecuado para su consecución. Asimismo, esta norma proporciona coherencia a nuestro ordenamiento jurídico siendo el instrumento más adecuado para ello sin que exista ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Cumple, por tanto, con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica Por último, la norma se adecua al principio de eficiencia, en la medida en que no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias a los ciudadanos.

La propuesta de modificación del Reglamento atiende a una regulación puntual imprescindible para atender la necesidad a cubrir, esto es la adaptación a la normativa y ajuste a la jurisprudencia reciente recaída en torno a los/as prestadores del servicio del taxi, asimismo se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y principalmente con la legislación específica referida al servicio de taxi generándose así un marco normativo estable y predecible para los colectivos involucrados, en este caso el colectivo del taxi.

Este Ayuntamiento pretende introducir cambios en el Reglamento municipal de transporte con el objetivo de ajustar la norma a la legislación actual y a la última jurisprudencia, adecuando el texto por razones de eficacia,adaptarlo a distintos pronunciamientos judiciales, así como atender a algunas de las propuestas realizadas por la Cooperativa de Autotaxis de Mogán.

En síntesis se propone la modificación de los artículos 103, referido a la sustitución de los vehículos de autotaxi, el artículo 104 en lo que concierne a las características físicas de los vehículos, artículo 105 referido a la uniformidad de los vehículos, además se propone la modificación de los artículos 136.4, 150 y 152 así como,y en último término se modifica el artículo 155 en el que se recoge el uso de uniformes de los/as conductores/as de autotaxi.

El artículo 103 recoge la sustitución de vehículos y habiéndose apreciado en su redacción errores en cuanto a la documentación que se requiere para realizar la sustitución de los vehículos se propone la modificación de su texto. En ese sentido la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias establece que los vehículos con licencia pueden ser sustituidos por otros previa autorización del Ayuntamiento competente puesta en conocimiento del Cabildo insular, siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de requisitos de calidad y servicios que sean exigibles por la normativa, es en este sentido y en aras a la eficacia y definición correcta de la documentación necesaria es por lo que se considera absolutamente necesario modificar el citado artículo.

El artículo 104.d) en el que se recogen las características físicas de los vehículos que ejercen el servicio de autotaxi se ha apreciado en la práctica un error de redacción que conlleva a una contradicción en lo referido a los cristales en lo referente a su transparencia, oscuridad o tintado de las lunas y ventanillas por lo que el apartado d) del citado artículo se modifica en cuanto a su transparencia o tintado propiciando así no sólo la aclaración de la contradicción sino considerando además a dotar de mayor confort a los vehículos y su mejor mantenimiento.

Se modifican el apartado g) que debe ser d), el apartado i) por e) por simples errores de enumeración.

Se propone asimismo añadir al artículo 104 los apartados f ), g) h), i), j), k), l) y m) en aras a regular los diferentes dispositivos extras de los que podrían disponer los vehículos de forma opcional y que en la actualidad no son obligatorios a excepción de los establecidos en los apartados f),g),h),l) y m).

La modificación del artículo 105 responde a la adaptación de los vehículos que prestan el servicio de autotaxi en el municipio de Mogán a la nueva imagen corporativa del Ayuntamiento de Mogán así como a sus logos.

Se propone la modificación del artículo 136 del Reglamento municipal de transporte referido a la explotación de la licencia de Autotaxis requisitos, añadiendo un nuevo apartado en el que se establezca que la mera presentación de la comunicación previa acompañada de la preceptiva documentación será título valido para el inicio de la actividad desde el día de su presentación, todo ello en aras de la aclaración necesaria de la redacción que actualmente tiene el citado artículo haciendo referencia a autorización previa

Por otro lado se propone la modificación de los artículos 150 y 152 respondiendo a la adecuación del texto a los distintos pronunciamientos judiciales que se han dictado en torno a los requisitos para poder ser conductor/a de taxi y concretamente con respecto a la consideración de los antecedentes penales como requisito para ejercer la actividad.

El cambio se ha de producir de acuerdo a la reciente Sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria de 24 de marzo de 2021 que planteó la cuestión de ilegalidad del artículo 54,3 c) de la Ordenanza del servicio urbano del taxi de Las Palmas de Gran Canaria.

Constituye fundamento de la citada Sentencia la doctrina sentada por la Sentencia de 17 de julio de 2017, confirmada por la Sentencia de Tribunal Supremo de 5 de junio de 2020, en la que se razona que las certificaciones por antecedentes penales sólo pueden solicitarse por el interesado y/o Jueces o Administraciones, por la afección sobre los derechos de protección de datos, intimidad y límite de acceso a la información, y que esa previsión necesariamente debe estar recogida en una norma de rango legal. La finalidad de dicho requisito no ha de operar como un límite de acceso a la actividad o a la prestación del servicio y las dudas que plantea que la reserva legal se pueda satisfacer con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 13/2007 que enumera como requisito de honorabilidad no haber sido objeto de una condena penal por delito grave se hace por tanto necesario suprimir dicho requisito. Asimismo existen recomendaciones del Defensor del Pueblo en la que se establece que por un lado por el efecto contraproducente para la reinserción de las personas que hayan cumplido su condena, este requisito podría ser una medida no idónea para salvaguardar la seguridad de los usuarios del taxi dado que no todos los delitos conllevan una especial peligrosidad. El legítimo objetivo de poner a salvo la integridad de los usuarios del taxi podría alcanzarse por otros medios menos restrictivos como un examen psicotécnico.

Considerando la jurisprudencia emitida en este asunto de las que se destacan las siguientes sentencias: <<El Tribunal Constitucional, establece una reserva de Ley para el acceso a los antecedentes penales y en el caso presente ni el artículo 31 del Decreto de la Comunidad de Madrid 74/2005, de 28 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo ni el artículo 38 3 apartado c) de la ordenanza impugnada tienen cobertura legal debiendo señalarse que el apartado 4º del artículo 136 del Código Penal establece que Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas Secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia sólo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la Ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los Jueces o Tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente, si se da, esta última circunstancia.

Pero además, la exigencia de dicho requisito también afecta al derecho a la libre elección de profesión u oficio establecido en el artículo 35 de la de la Constitución y el artículo 53 de la Constitución establece que sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, puede regularse dicha materia, así como al artículo 14 de la Carta magna introduciendo una discriminación por circunstancias personales o sociales cuando el artículo 73 apartado 2º de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria , establece que los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica. Resulta paradójico que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no imponga para el acceso a la función pública la carencia de antecedentes penales sino exclusivamente la condena a la pena de inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, y se exija dicho requisito a aquellos que ni siquiera tienen la condición de empleados públicos. En conclusión procede la anulación del citado precepto de la ordenanza impugnada del artículo 31.1b) Decreto de la Comunidad de Madrid 74/2005 de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo.>> Así como la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid Sala de lo contencioso Sección Segunda nº 760/2017 Rec 544/2016. y Sentencia de TS Sala Tercera de lo contencioso administrativo nº 684/2020 de 5 de junio de 2020 ratifica la anterior sentencia de TSJM. En virtud de ello se propone que se suprima del Reglamento y concretamente de los artículos 150 y 152 el requisito de carecer de antecedentes penales por condena de delitos graves para ser titular de un permiso de conductor de taxi y su renovación sustituyendo los preceptos reseñados por lo establecido en el artículo 15 de la Ley 13/2007 de 17 de mayo de Ordenación del Transporte por carretera de Canarias referido a los requisitos de honorabilidad, esto es:

Y en último término se propone la modificación del artículo 155 del Reglamento municipal referido a la uniformidad de los/as conductores/as de vehículos autotaxis, de acuerdo a la petición de los/as mismas representados/as por la Cooperativa de autotaxis de Mogán. A estos efectos y dadas las temperaturas de las que goza el municipio, ya sea en temporada de invierno o de verano,proponen que se permita la utilización de uniforme de verano en caso de altas temperaturas aun estando en temporada de invierno definiendo las prendas en concreto y sobre todo considerando que las enumeradas actualmente en el Reglamento municipal ya no se encuentran en el mercado lo cual dificulta su adquisición y por tanto su adaptación a la normativa municipal.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

ÍNDICE

TÍTULO IV. TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (AUTO-TAXI).

CAPÍTULO III. DE LOS VEHICULOS, SU REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD Y TAXÍMETRO.

SECCION 1ª. DE LOS VEHÍCULOS EN GENERAL.

Artículo 103. Sustitución.

Artículo 104. Características físicas de los vehículos.

Artículo 105. Uniformidad de los vehículos.

CAPÍTULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

SECCIÓN 2ª. DE LA FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 136. Explotación de la Licencia de Autotaxis. Requisitos.

SECCIÓN 4ª. DEL PERSONAL AFECTO AL SERVICIO.

Artículo 150. Del Permiso Municipal de Conductor y su obtención.

Artículo 152. De la renovación.

SECCION 5ª. DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

Artículo 155. Uso del uniforme.

MODIFICACIÓN

CAPÍTULO III. DE LOS VEHICULOS, SU REVISIÓN, USO DE PUBLICIDAD Y TAXÍMETRO.

SECCION 1ª. DE LOS VEHÍCULOS EN GENERAL.

Artículo 103. Sustitución.

1. El titular de la licencia podrá sustituir el vehículo adscrito a la misma, siempre que el sustituto sea más nuevo que el sustituido y cumpla la totalidad de requisitos de calidad y servicios que sean exigibles, sin perjuicio de lo que se establece en el punto 4 de este artículo.

A tal efecto, el interesado solicitará por escrito, la preceptiva autorización municipal, que se concederá, una vez verificada la idoneidad de las condiciones técnicas de seguridad y conservación para el servicio, así como la documentación exigible (fotocopia del permiso de circulación o autorización provisional, tarjeta de inspección técnica de vehículos que contemple la clasificación para taxi así como todas las reformas realizadas o necesarias, seguro obligatorio de vehículo para el uso de taxi o la propuesta con indicación del número de póliza, DNI, permiso de conducir, y permiso municipal de conductor de taxi del titular, o en su caso de algún conductor asalariado).

2. No obstante lo anterior, en el caso de accidente o avería grave, con un tiempo de reparación superior a quince días, previa comunicación al Ayuntamiento acreditativa de esa situación, el titular del vehículo podrá continuar prestando el servicio, durante un plazo máximo de DOS MESES, con un vehículo similar al accidentado, que cumpla la totalidad de los requisitos de calidad y servicio exigidos por la normativa, con excepción de la antigüedad.

3. En los supuestos en que por siniestro total, avería irreparable u otras causas, se proceda a la sustitución del vehículo, no será de aplicación el requisito de que el vehículo sustituto sea más nuevo que el sustituido, sin que pueda superaren total los diez años de antigüedad.

4. Los vehículos adscritos a las licencias municipales o autorizaciones de taxi, a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, en caso de sustitución o renovación, lo serán por otro vehículo que cumpla las condiciones de prestación reguladas en el artículo 15 c) del Decreto 74/2012, de 2 de agosto del Gobierno de Canarias por el se aprueba el Reglamento del Servicio de Taxi.

5. Los vehículos convencionales autorizados hasta cinco plazas y adscritos a las licencias municipales o autorizaciones de taxi, que reúnan las caracterísitcas técnicas de aumento de plazas, autorizadas por ITV correspondiente, podrán solicitar la preceptiva autorización de aumento de plazas, aportando la documentación solicitada en este mismo artículo, la cual le será otorgada una vez verificada por este Ayuntamiento la idoneidad del mismo.

6. En caso de sustitución de un vehículo, éste quedará fuera de servicio y no podrá ser utilizado a partir de la misma fecha en que haya obtenido, el vehículo sustituto, el visado favorable de sustitución, debiendo proceder desde ese momento a la retirada de los elementos externos que lo identificaban como taxi.

Artículo 104. Características físicas de los vehículos.

Los vehículos Auto-taxis a que se refiere este Reglamento deberán reunir las siguientes características:

a) Tendrán una capacidad máxima de cinco plazas, incluida la del conductor; asimismo, y a los efectos previstos en el artículo 8.3 del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, tendrán una capacidad de más de cinco plazas, incluido el conductor, sin exceder el máximo de nueve.

b) Las dimensiones mínimas y motorización de los vehículos serán las siguientes:

1) Vehículos de de 5 plazas (incluido conductor):

Altura mínima 1,40 centímetros.

Altura máxima 1,85 centímetros.

Volumen mínimo del maletero: 330 L (En cualquier situación de uso de sus plazas, no teniendo consideración de maletero ningún elemento ajeno a la carrocería homologada).

Potencia mínima: 90 CV.

2)Vehículos de 6 a 9 plazas(incluido conductor):

Serán estos, los vehículos utilizados para la prestación del servicio destinado al transporte adaptado a personas de movilidad reducida (PMR), cumplirán como mínimo con las recomendaciones técnicas establecidas para vehículos adaptados a Personas con Movilidad Reducida, en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995 de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias y lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, también deben de satisfacer los requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones.

Los Vehículos adaptados (PMR) estarán habilitados permanentemente, para transportar al menos una persona en silla de ruedas y sus posibles acompañantes. El Ayuntamiento podrá eximir de esta obligación de permanencia a aquellos vehículos cuyas personas titulares, le demuestren que la conversión a dicha adaptación, se puede realizar, a juicio del Ayuntamiento, de forma sencilla y rápida en el momento de dar el servicio a la viajera o viajero con discapacidad.

Altura máxima: La que establezca, en cada momento, por parte de la normativa de ámbito nacional, para los vehículos utilizados para la prestación del servicio destinado a transporte de personas con movilidad reducida, en especial, la contenida como condiciones básicas de accesibilidad las establecidas en la norma UNE 26.494/2004 (<<Vehículos de carretera, vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida) y sus posteriores modificaciones.

Volumen mínimo de maletero: 400 L.(En cualquier situación de uso de sus plazas, no teniendo consideración de maletero ningún elemento ajeno a la carrocería homologada)

Potencia mínima: 90 CV.

c) Los cristales de las lunetas y ventanillas delanteras serán transparentes e inastillables. Por motivo del clima predominante en el T.M. de Mogán, con altos y directos niveles de radiación solar, con el objeto de otorgar mayor confort a los usuarios así como permitir una mayor conservación del interior de los vehículos, los cristales de la luneta posterior y las ventanillas traseras podrán ser oscurecidos siempre y cuando se encuentren homologadas, pudiendo venir instalados de serie en el modelo en cuestión, y que por su intensidad o color pudieran ser catalogadas como lunas tintadas (en ningún caso se podrá oscurecer la delantera, la del conductor y la del acompañante). El grado de oscuridad no debe superar el 40% de tintado negro.

No obstante lo anterior, queda prohibido que hayan sido tintadas a través de la colocación de algún adhesivo o vinilo oscuro.

d) En su interior el vehículo llevará una placa de plástico o de vinilo situada, en el centro (bien en la parte superior o inferior del salpicadero), o en el lado contrario al del asiento del conductor, en la que figure información detallada de las tarifas, el número de plazas autorizadas para dicho vehículo y donde se informe de forma clara a los clientes en español que el precio a pagar es el que figura en taxímetro, por la totalidad de las plazas del vehículo. La información referida a este apartado, en ningún caso se podrá detallar en el exterior del vehículo, a excepción de los distintivos preceptivos de las unidades de taxi de P.M.R y el indicativo del número de plazas para esta clase de vehículos.

e) Quedará totalmente prohibida la instalación en los vehículos dedicados a la prestación de servicios de auto-taxis de este municipio, de cualquier aparato de radio-aficionados, o de cualquier otro que no esté autorizado por la corporación municipal.

f) Todos los vehículos deberán estar dotados de impresora expendedora de recibos, homologada y autorizada para su utilización en el servicio de taxi, que deberá emitir recibos normalizados y/o electrónicos a partir de la información facilitada por el taxímetro con los requisitos exigidos en la normativa vigente.

g) Se deberá contar con un sistema de cobro con tarjeta (TPV), pudiéndose disponer además de cualquier otro sistema de cobro equivalente electrónico.

h) Los vehículos deberán estar dotados con instalación de aire acondicionado y/o climatización.

i) Los vehículos podrán estar equipados con sistema de GPS, como dispositivo de seguridad y localizador de la ubicación de los mismos, al objeto de conocer en cada momento el lugar en que se encuentran. Estos sistemas deberán integrarse conectados a un sistema de control de flotas cuando, en su caso, se implante dicho sistema y se determine como obligatorio por la Concejalía de Transportes municipal.

j) Podrán ir provistos de una mampara de seguridad de separación entre el conductor y los usuarios cuyas características sean conformes con las establecidas y homologadas por las autoridades competentes, debiendo contar, en todo caso, con dispositivos para efectuar el pago de los servicios desde el interior del vehículo y para la comunicación entre los usuarios y el conductor. La instalación de la mampara deberá ser comunicada a la Administración Municipal y el vehículo deberá tener anulado el sistema de control de cierre de puertas traseras desde el asiento del conductor, de manera que no se pueda impedir la salida del vehículo de los clientes.

k) Los vehículos podrán, asimismo, ir dotados de sistemas de comunicación o cámaras de seguridad, debiendo acreditar ante el Ayuntamiento que cuentan con autorización de la Administración competente conforme a la normativa aplicable a este tipo de sistemas, especialmente en materia de seguridad y protección de datos.

l) El tapizado de los vehículos se encontrará en buen estado, sin deterioro, parches u otros desperfectos que impriman al interior un aspecto de mala conservación o antihigiénico, procurándose que sea del mismo color original sin autorizarse los que por su colorido o dibujo resulten inadecuados.

m) La realización de cualquier modificación en el vehículo que afecte a cualquiera de sus características, además de cumplir los requisitos exigidos en el presente Reglamento, deberán contar con las autorizaciones que dependan de los órganos competentes en materia de Industria y Tráfico, además de ser comunicadas a la Administración Municipal.

Artículo 105. Uniformidad de los vehículos.

1. Los vehículos destinados al Servicio de Auto-taxi contarán con una pintura uniforme y distintivos municipales en la forma que a continuación se describen:

a) La carrocería del vehículo será de color blanco y, el techo verde del tipo M205 (referencia número UNE 48.103).

b) En las puertas delanteras: En la parte superior delantera llevarán la inscripción TAXI LM Número (en cifras) con caracteres de 3 cm. de altura y de ancho proporcional del tipo Arial Negrita e irán pintados de color azul tipo Pantone 288C 1 (C:100/M:87/Y:31/K:12/R:25/G:45/B:94), según figura en el ANEXO I.

Debajo de la misma deberá colocarse el Escudo corporativo del Ayuntamiento de Mogán, según figura en el ANEXO I.

En la parte central llevará el emblema o logotipo turismo del Municipio de Mogán (Mogán Cálido Paraíso), según figura en el ANEXO I.

c) En la parte trasera derecha figurará, L.M- (numero), y en la parte izquierda llevarán la inscripción MOGAN. Los caracteres de las inscripciones (letras y cifras) serán de 4 cm. de altura y de ancho proporcional del tipo Arial Negrita y en color azul Pantone 288C 1 (C:100/M:87/Y:31/K:12/R:25/G:45/B:94), según figura en el ANEXO I.

2. Los vehículos que estén en el servicio antes de la publicación de la presente modificación del Reglamento Municipal de Transportes, tendrán un plazo de seis (6) meses para adaptarse a la uniformidad descrita en este Artículo.

3. En el interior del vehículo llevarán en el salpicadero y visible desde los asientos traseros, una placa identificativa, donde conste el número de licencia, matrícula y número de plazas, así como la descripción de las tarifas vigentes y su forma de aplicación.

Artículo 136.4

Los vehículos Auto-Taxis, en ningún momento podrán ser conducidos por personas que carezcan del preceptivo Permiso Municipal de Conducir expedido por el Órgano competente de este Ayuntamiento, o autorización previa, hasta la obtención definitiva del permiso Municipal.

La mera presentación de la comunicación previa acompañada de la preceptiva documentación será título valido para el inicio de la actividad desde el día de la presentación, sin perjuicio de las facultades de la comprobación, control e inspección que ejerza este ayuntamiento, y con posterioridad se emita, si procede. el título físico correspondiente. la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación documento que se acompañe o se incorpore a la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, o constituirá, en caso de ser reiterada, una de las causas de revocación.

Artículo 150

1. Los vehículos Auto-taxis deberán ser conducidos exclusivamente por quienes estén en posesión del permiso municipal de conductor, que deberá expedir el Ayuntamiento.

2. El interesado, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Poseer el permiso de conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente para conducir turismos destinados al transporte de viajeros, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico.

b) Cumplir con los requisitos de honorabilidad con las condiciones y los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

c) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la profesión de conductor de vehículos Auto-Taxi.

d) Superar la prueba de aptitud necesaria para acceder al permiso municipal de conducir Auto-taxis.

Artículo 152

1.El permiso municipal de conducir tendrá validez por un período máximo de cinco años, debiendo ser renovado a instancia de sus titulares, con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento. Dicha renovación se efectuará sin necesidad de superar una nueva prueba de aptitud, mediante declaración responsable en los términos previstos en el art. 69 de la Ley 39/2015, siempre que se acredite continuar con los requisitos exigidos:

a) La posesión del Permiso de Conducir de la clase y con las condiciones exigidas por la legislación vigente, expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico válido, que le faculte para conducir Auto-Taxis.

b) No padecer enfermedad infecto-contagiosa que le impida el normal desempeño de las funciones de conductor de auto-taxis.

c) Cumplir con los requisitos de honorabilidad con las condiciones y los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

2.Dicha solicitud, deberá ir acompañado de los siguientes documentos:

a) Dos fotografías a color, tamaño carnet, iguales.

b) Fotocopia cotejada del D.N.I. en vigor.

c) Fotocopia cotejada del Permiso de Conducir en vigor de la clase exigida legalmente.

d) Permiso Municipal de Conducir a renovar.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni impedimento físico o psíquico que imposibilite para el normal ejercicio de la profesión de conducir vehículos auto-taxi.

f) Documento justificativo del pago de las Tasas reglamentariamente establecidas.

g) Documento acreditativo de estar dado de Alta en Régimen correspondiente de la Seguridad Social, cuando proceda.

3.Cuando el titular del permiso solicite la renovación dentro del plazo, pero no pueda acreditar alguno de los requisitos exigidos, le será admitida a trámite su solicitud, durante el plazo máximo de dos meses, pudiendo el mismo continuar, de forma excepcional, prestando el servicio de conductor de auto-taxi; transcurrido dicho periodo, se entenderá que carece de permiso Municipal de Conductor a todos los efectos.

4.La no renovación del Permiso Municipal de Conducir en los plazos establecidos, origina su extinción y, con ello la imposibilidad automática de ejercer la actividad al titular del mismo; debiendo obtener, en su caso, un nuevo Permiso Municipal de Conducir con los requisitos establecidos en este Reglamento.

5.Cuando el personal de inspección del transporte encargados de la misma comprueben que el conductor de un Auto-taxi no dispone, en el momento de la inspección, del Permiso Municipal de Conductor, o disponiendo de éste, carece de Autorización Municipal para conducir el vehículo adscrito a la licencia, salvo que se trate del titular de la licencia, podrá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo y/o suspensión de la actividad hasta que se cesen los motivos determinantes de la infracción.

CAPÍTULO V. DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

SECCION 5ª. DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

Artículo 155. Uso del uniforme.

1. Durante las horas de servicio, los conductores de Auto-taxi portarán vestimenta de manera adecuada y aseada, consistente en un uniforme que constará de:

a) Masculino: En el Periodo de invierno (desde el 22 de septiembre hasta el 20 de junio), se compone de pantalón de vestir clásico oscuro, de color negro o azul marino, excluyendo los pantalones tipo vaqueros, chándal, o chinos con o sin bolsillos laterales. Camisa o polo de color verde Regular Man, para hombres (Ref: PORA210, Color: KG-Kelly green), con bolsillo en el lado superior izquierdo, debiendo estar colocado por dentro del pantalón, nunca por fuera o suelto. Abrigo tipo rebeca o chaqueta oscura, de color negro azul marino de manga larga. Calcetines o medias de color negro o azul marino.- Zapatos negros cerrados, excluyendo zapatillas de deportes, zapatillas abiertas, tipo cholas, salvo caso de fuerza mayor, justificada por prescripción médica. Excepcionalmente, por motivo de altas temperaturas con olas de calor durante el periodo de invierno, y previa autorización municipal se podrá utilizar el uniforme de verano.

En el periodo de verano (desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre), se podrá utilizar el uniforme del periodo de invierno, o bien el siguiente: Pantalón, tipo bermudas a la rodilla, de color negro o azul marino, con calzado, náuticas oscuras, siempre en relación al color de las bermudas. Camisa o polo de color verde Regular Man, para hombres (Ref: PORA210, Color: KG-Kelly green), con bolsillo en el lado superior izquierdo, debiendo estar colocado por dentro del pantalón, nunca por fuera o suelto.

b) Femenino: En Periodo de invierno (desde el 22 de septiembre hasta el 20 de junio): Pantalón de vestir clásico oscuro, de color negro o azul marino, excluyendo los pantalones tipo vaqueros, chándal o chinos con o sin bolsillo laterales.- Camisa o polo de color verde Regular Lady (Ref: POPL200, Color: KG-Kelly Greeen), de corte femenino, con bolsillo en el lado superior izquierdo, debiendo estar colocado por dentro del pantalón, nunca por fuera o suelto. Abrigo de corte femenino, tipo rebeca o chaqueta oscura, de color negro azul marino de manga larga. Calcetines o medias de color negro o azul marino.- Zapatos negros cerrados, excluyendo zapatillas de deportes, zapatillas abiertas, tipo cholas, salvo caso de fuerza mayor, justificada por prescripción médica. Excepcionalmente, por motivo de altas temperaturas con olas de calor durante el periodo de invierno, y previa autorización municipal se podrá utilizar el uniforme de verano.

En el periodo de verano (desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre), se podrá utilizar el uniforme del periodo de invierno, o bien el siguiente: Pantalón, tipo bermudas a la rodilla, de color negro o azul marino, con calzado, náuticas oscuras, siempre en relación al color de las bermudas. Camisa o polo de color verde Regular Lady (Ref: POPL200, Color: KG-Kelly Greeen), de corte femenino, con bolsillo en el lado superior izquierdo, debiendo estar colocado por dentro del pantalón, nunca por fuera o suelto.

2. A su vez, se autoriza el uso del chaleco, suéter, rebeca o chaqueta de color azul marino liso o negro, sin anagrama o publicidad alguna, y sin que, en ningún caso pueda emplearse ropa vaquera, deportiva o similar (distinta a la establecida). La protección del cuello. Siempre será de color azul marino o negra, sin ningún tipo de estampado, ni anagrama. Se podrá usar gorra de color oscura, sin anagrama o estampado únicamente por prescripción médica. Se podrán llevar protecciones anti radiaciones solares, en el brazo izquierdo, siempre que éstas sean de color azul marino, negra o del mismo color del polo, sin nigún tipo de estampado, ni anagrama.

3. Queda expresamente prohibido la publicidad en el uniforme, excepto la que pudiera disponer el Ayuntamiento para la promoción institucional que se considera oportuna, siendo la misma obligatorio en todos sus aspectos para los conductores en la prestación del servicio.

4. El uniforme, habrá de llevarse, en las debidas condiciones de aseo, higiene, e imagen (debidamente, la ropa limpia, correctamente puesta para evitar dar una imagen desaliñada, astrosa, descuidada, o de abandono, zapatos en condiciones óptimas de limpieza, etc.) propias de la prestación del servicio público que se presta, con los estándares mínimos de calidad exigibles para un servicio de calidad.

5. El Ayuntamiento autoriza, con carácter voluntario, la utilización en la uniformidad de indumentaria típica canaria, siendo preferible la indumentaria típica del municipio de Mogán que en su caso sea aprobada como tal, en la festividad del Día de Canarias.

En aquellos otros eventos o festividades, que por sus características culturales, sociales, etc. se determine, se podrá autorizar por la Concejalía o Área de Transportes en dicha uniformidad la utilización de indumentaria canaria conforme a lo descrito en el párrafo anterior.>>

Por todo ello, tengo a bien elevar a su consideración la siguiente,

PROPUESTA

PRIMERA.- Que se apruebe por el Pleno inicialmente la modificación del Reglamento municipal de Transporte en los términos en que figura en el Anexo I.

SEGUNDA.- Publicar dicho acuerdo en el Tablón municipal del Ayuntamiento en la web municipal así como en el Boletín oficial de la Provincia durante un plazo de treinta días como mínimo, dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERA.- Aprobar definitivamente el acuerdo, por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.

CUARTA.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro modificado del Reglamento municipal de Transportes.”

Una vez leída la propuesta, se produce un debate con las siguientes intervenciones:

D. Javier Romero dice que en lo que ha visto lo único que le falta por encontrar es el tema de la publicidad de los vehículos y pregunta si se quita o si queda igual.

Responde D. Víctor Gutiérrez diciendo que se mejora, que se va a poner el logo turístico... D. Javier pregunta por la publicidad privada y D. Víctor le responde que queda igual. Pregunta D. Javier si está informada la cooperativa de taxis y D. Víctor dice que todo está consensuado con ellos.

Sometida la propuesta a votación, queda dictaminada por unanimidad de los miembros asistentes.

3. Expte. 2131/2024. Desestimar las alegaciones presentadas e interponer sanción de 22.501,00 euros y cese definitivo de la actividad (Rte. El Pirata).

La propuesta emitida literalmente dice:

“JUAN MENCEY NAVARRO ROMERO, Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, con competencias en materia de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Asesoría Jurídica y Mediación, Recursos Humanos, y Recogida de Residuos, de acuerdo con el Decreto nº 3349/2023, de 19 de junio.

Visto el informe emitido con fecha 08/04/2024. por el técnico de Administración General, D. Higinio E. Suárez León, en el cual, literalmente expone:

<<Examinado el expediente sancionador nº 2131/2024, seguido por este Ayuntamiento contra la entidad DUANE & MIGUEL S.L., representada por D. Pablo González Ramírez, como titular de la actividad (explotador), al considerarla presunta responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como MUY GRAVE en el artículo 62.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos (en adelante, LAC-EP), al desarrollar la actividad de Restaurante El Pirata, sita en los bajos del Paseo Marítimo de la Playa de Puerto Rico, término municipal de Mogán, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa, proponiéndose como sanción, al amparo de lo previsto en los artículos 66.1, en relación con el artículo 65.1.a) de la LAC-EP, multa de entre 15.001 y 30.000 , y clausura del establecimiento o cese definitivo de la actividad; el Instructor que suscribe tiene a bien emitir la siguiente propuesta, en base a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 01/03/2024 por este instructor se recibió, vía inter-departamental, notificación de la resolución nº 543/2024, de fecha 06/02/2024, con CSV L006754aa90406126cf07e8193020a36U, que se da por reproducida con objeto de evitar reiteraciones innecesarias, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«PRIMERO.- Acordar la iniciación de PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, contra la entidad DUANE & MIGUEL, S.L., representada por D. Pablo González Ramírez, como persona titular de la actividad (explotador), al considerarla presunta responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como MUY GRAVE en el artículo 62.1 de la LAC-EP, al desarrollar la actividad de Restaurante El Pirata sita en los bajos del Paseo Marítimo de la Playa de Puerto Rico, término municipal de Mogán, sin la previa licencia correspondiente o sin haber cursado la comunicación previa, proponiendo como sanción, al amparo de lo previsto en los artículos 66.1, en relación con el artículo 65.1.a) de la LAC-EP, multa de entre 15.001 y 30.000 , y clausura del establecimiento o cese definitivo de la actividad.

SEGUNDO.- Designar como Instructor y Secretaria del mencionado expediente sancionador a D. Higinio E. Suárez León y a Dña. Zaida Hernández Padern, respectivamente, funcionarios de este Ayuntamiento, quienes podrán abstenerse y ser recusados en los casos y formas previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERO.- Notificar el acuerdo que se adopte a la entidad DUANE & MIGUEL, S.L., representada por D. Pablo González Ramírez, como persona titular de la actividad (explotador), indicándole que contra el mismo no cabe recurso alguno por ser un mero acto de trámite, y poner en conocimiento del expedientado lo siguiente:

a) Significar al interesado que dispone de un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse (v. art. 64.2.f), en relación con el art. 82 de la LPAC-AP).

b) El procedimiento se desarrollará de acuerdo con el principio de acceso permanente. A estos efectos, en cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el mismo.

c) Al amparo del artículo 85.1 de la LPAC-AP, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda.

d) A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Urbanismo, Sección de Aperturas y Sanciones, sito en el Edificio de Oficinas Municipales ubicado en la C/ Tamarán nº 4, Arguineguín, de este Término Municipal, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 13 y 53 de la LPAC-AP.

SEGUNDO.- Recibida la notificación de la Resolución de iniciación del procedimiento sancionador que nos ocupa, con fecha 08/02/2024 y registro de entrada en este Ayuntamiento n.º 2284, el denunciado solicitó ampliación, de cinco días hábiles más, del plazo otorgado al considerar manifiestamente insuficiente el plazo de diez días otorgado.

Considerando su solicitud, y de conformidad con el art. 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en fecha 15/02/2024 se le concede por una sola vez un plazo de CINCO (5) DÍAS, contados a partir del día 21/02/2024 (fecha de vencimiento del plazo otorgado), siendo, por tanto, último día para presentar alegaciones el día 28/02/2024.

TERCERO.- Con fecha 28/02/2024 y registro de entrada en este Ayuntamiento nº 3517, D. PABLO GONZÁLEZ RAMÍREZ, en calidad de administrador único de la mercantil DUANE & MIGUEL S.L., presentó un extenso escrito de alegaciones manifestando su disconformidad con dicho acuerdo de incoación, que, asimismo, se da por reproducido con objeto de evitar reiteraciones innecesarias.

CUARTO.- Con fecha 08/03/2024 se dictó Propuesta de Resolución, con CSV n006754aa9390813d4107e81e5030c0aO, por la que se desestiman las alegaciones presentadas por la entidad interesada en su escrito de fecha 28/02/2024 (R.E. nº 3517), por los motivos que se expusieron en dicha Propuesta de Resolución, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para que pudiera alegar cuanto considerara conveniente para su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estimare pertinentes.

QUINTO.- Que, con fecha 22/03/2024, D. PABLO GONZÁLEZ RAMÍREZ, en calidad de administrador único de la mercantil DUANE & MIGUEL S.L., vuelve a presentar escrito de alegaciones (R.E. nº 4743), en términos similares a las ya presentas en fecha 28/02/2024 (R.E. 3517), alegando, en síntesis, a los efectos que ahora nos ocupa:

«Primera.- Manifiesta, primero, que las alegaciones primera y segunda de su primer escrito de alegaciones no son meros aspectos urbanísticos y de transmisión de los locales.

En segundo lugar, el interesado reitera la destacada participación del agente NIP 11134, y su falta a la veracidad de los hechos o circunstancias acaecidas con fecha 29 de diciembre de 2023, lo que adolece de clara nulidad.

En cuanto a las comprobaciones por el servicio de urbanismo, detectándose supuestamente que la actividad del restaurante denominado el Pirata no ha obtenido licencia, no es menor referir, que la actuación de estos servicios de urbanismo ha sido ardua, pero infructuosa. También invoca el art. 33.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, LAC-EP, sobre la transmisión de la instalación o actividad que no exigirá nueva solicitud de licencia de actividad clasificada. Asimismo sostiene que su representado es propietario de dos locales distintos, pero no distantes (Local comercial nº 12 y Local comercial nº 12 bis, situados bajo el Paseo Marítimo de Puerto Rico).

Por último, manifiesta que mediante escritura pública de cesión de derechos de fecha 27 de abril de 2012, las entidades Puerto Rico Playa S.A. y Hergora Catering S.L. ceden los derechos relacionados con la demarcación de costas de las palmas respecto a las fincas objeto de transmisión a mi representado. Afectando esta cesión a las terrazas cuyo uso está condicionado al tiempo en que Puerto Rico S.A. conserve su dominio.

Segunda.- Que en cuanto a la actuación o comprobaciones de los servicios urbanísticos que detecta que en el local Restaurante El Pirata supuestamente no ha existido la correspondiente licencia. Que el nudo gordiano se centra en determinar si existe un título habilitante para el desarrollo de la actividad.

En definitiva, que tras varias solicitudes al Ayuntamiento y la negativa de éste sobre la solicitud de licencia de apertura, ni presentación de comunicación previa para la instalación y apertura, puesta en marcha o inicio de actividad de las actividades referenciadas (restaurante el pirata), el interesado ha intentado completar y recabar la documentación administrativa que la propia administración actuante niega poseer (Se aporta una licencia de los locales ubicados bajo la avenida o paseo marítimo de Puerto Rico, de fecha 24.09.1976, y la existencia de un documento del Ilustre Ayuntamiento de Mogán de transmisibilidad de la licencia de Apertura de una cafetería sito en la Playa de Puerto Rico, de fecha 07.05.1986).

Tercera.-Que en cuanto a la virtualidad jurídica que la administración actuante quiere hacer valer, en relación con el artículo 76 de Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, aprobado por el decreto 86/2013, de 01 de agosto, debemos manifestar que ésta se ve afectada por la disposición transitoria cuarta de éste, que dice: 1. Las solicitudes de licencias y autorizaciones presentadas antes de la entrada en vigor de este Decreto se rigen por la normativa aplicable en el momento en que se solicitaron, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos previstos en el capítulo I del Título I del Reglamento que se aprueba. Que es evidente que la reconstrucción histórica incompleta del expediente administrativo llevada a cabo por mi representado pone de relieve que la solicitud deviene con anterioridad al año 2013.

Cuarta.-Asimismo, reitera su solicitud de práctica de pruebas (documental, pericial y testificales).

Por todo ello, SOLICITA, que se tenga por presentado este escrito y documentos que se acompañan, por realizadas las ALEGACIONES correspondientes para que sean tenidas en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente resolución, ofreciendo la práctica de las pruebas referenciadas.»

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Estudiadas las alegaciones presentadas, quien suscribe considera que éstas han de ser desestimadas, por los siguientes motivos:

-En cuanto a la alegación primera y segunda, el instructor que suscribe se ratifica en lo ya expuesto en la Propuesta de Resolución de fecha 08/03/2024, en cuanto a que:

En primer lugar, el denunciado en su escrito de alegaciones de fecha 28/02/2024 (R.E. 3517) realiza una exposición resumida de antecedentes, referida fundamentalmente a aspectos urbanísticos (división horizontal de locales) y de la titularidad y transmisión de los locales 12-A (Restaurante Gran Canaria) y 12-B (Restaurante El Pirata).

En segundo lugar, no es el objeto del presente expediente sancionador realizar valoraciones sobre la actuación del agente denunciante con NIP 11134.

En tercer lugar, que si bien el interesado realiza una exposición de la historia del proceso administrativo dirigida a la obtención de la Licencia de Apertura referida al denominado Restaurante El Pirata, sito en el Local 12-Bis, y aporta diversos documentos (p.ej.: licencia -de obras- de legalización de 7 locales ubicados bajo la avenida o paseo marítimo de Puerto Rico, sin que ello obste a que se halle provisto de licencia de otros organismos ajenos a este Ayuntamiento, de fecha 24.09.1976; y un documento del Ilustre Ayuntamiento de Mogán de transmisibilidad de la licencia de apertura de una cafetería sita en la Playa de Puerto Rico, de fecha 07.05.1986), ninguno de los documentos aportados se corresponde con el preceptivo título habilitante (licencia o comunicación previa) que autorice el desarrollo de la actividad de restaurante, con terraza.

En cuanto a la invocación del art. 33 de la Ley 7/2011, de 5 de abril (LAC-EP) se informa que, el hecho de comunicar una transmisión de una cafetería, por sí misma no otorga licencia de apertura del establecimiento, especialmente cuando la actividad que se desarrolla en dicho establecimiento es la de restaurante, con terraza, pues implica instalaciones y medidas correctoras diferentes que deben ser legalizadas.

Por último, y como ya se expuso en la Propuesta de Resolución, tal como se puede observar en la ortofoto que se adjunta (IDE Canarias-Grafcan) el establecimiento ocupa zonas de Servidumbre de Tránsito (línea color malva) y de Dominio Público Marítimo-Terrestre (línea color verde), y tampoco el interesado adjunta, pudiendo hacerlo, autorización otorgada por el organismo competente en materia de Demarcación Costas. Y tampoco se pueden ceder unos derechos que no han sido otorgados por el órgano competente o, al menos, sin que el organismo compete preste su conformidad.

(Ortofoto disponible en CSV Y006754aa93b080281b07e8023040d03i)

-En cuanto a la alegación tercera, asimismo el instructor que suscribe considera que debe ser desestimada, por cuanto que:

Si bien en la Propuesta de Resolución se invocó, a modo de ejemplo, el artículo 76 del Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos públicos, aprobado por el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, que dispone que: La instalación y la apertura de actividades clasificadas deberá venir precedida de las autorizaciones sectoriales u otros títulos habilitantes equivalentes que, en cada caso, resulten preceptivas para la instalación o ejercicio de la actividad de que se trate (), manifestando el interesado que según la reconstrucción histórica del expediente la solicitud deviene con anterioridad al año 2013; debemos considerar, no obstante, que ya desde la legislación de Costas del año 1969 (Ley 28/1969, de 26 de abril), se exigía la concesión o autorización pertinente para la ejecución de obras de cualquier clase o establecer aprovechamientos especiales en los bienes declarados de dominio público (v. art. 7), o que el otorgamiento de la concesión no exime a su titular de la obtención de las licencias, permisos y autorizaciones legalmente procedentes (v. art. 15), entre otros preceptos. Exigencias que también se recogen en normativa posterior, como la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (v. arts. 6, 31.2, 51, 52.3,..).

-En cuanto a la alegación cuarta, se admiten las pruebas documentales aportadas por el denunciado y se inadmiten las pruebas testificales, toda vez que, siendo el procedimiento administrativo un procedimiento eminentemente escrito, la infracción que se imputa lo es precisamente por carecer del oportuno documento/título habilitante (licencia/autorización) para el desarrollo de la actividad, y que el denunciado pudiendo y debiendo hacerlo no lo ha presentado, ni en el trámite de audiencia previo a la Propuesta de Resolución (donde se otorgó un plazo inicial de 10 días, que luego fue ampliado otros 5 días más), ni tras la notificación de dicha Propuesta de Resolución (donde se le otorgan otros 10 días para aportar la correspondiente licencia/autorización).

En conclusión, a la vista de todo lo anteriormente expuesto y de los antecedentes y documentación que obran en el expediente, queda suficientemente acreditado que la entidad DUANE & MIGUEL S.L. viene desarrollando la actividad de RESTAURANTE (EL PIRATA), con terraza, sito en BAJOS DEL PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DE PUERTO RICO, LOCAL 12-B, término municipal de Mogán, sin la previa licencia/autorización correspondiente, incumpliendo las prescripciones establecidas en la vigente Ley 7/2011, de 5 de abril, LAC-EP, y demás normas concordantes y de desarrollo, siendo la titular de la actividad (DUANE & MIGUEL S.L.) la responsable de que la misma se realice y se mantenga de conformidad a la normativa que le sea aplicable y a las condiciones que se impongan.

SEGUNDO.- Que, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, procede resolver el procedimiento con la sanción que resulte, la cual deberá ser graduada de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 67 de la LAC-EP (sobre la graduación de las sanciones), según el cual: Para la aplicación en cada caso de la sanción que corresponda, dentro de las previstas en el artículo anterior, se estará a las circunstancias concretas, especialmente a los riesgos inherentes al tipo de actividad afectada, la intencionalidad, los daños causados al medio ambiente o salud de las personas o el peligro creado para la seguridad de las mismas; la reincidencia por la comisión de más de una infracción tipificada en esta ley cuando así haya sido declarado por resolución firme, y/o el beneficio obtenido por la comisión de la infracción, y continúa diciendo este artículo que, en ningún caso el beneficio que resulte de la infracción será superior a la multa correspondiente ...

Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 29 (principio de proporcionalidad) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que dispone: En la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, b )La continuidad o persistencia en la conducta infractora, c) La naturaleza de los perjuicios causados, d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa; y en el mismo artículo se recoge que, el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Visto lo cual, y dado que en el presente caso SÍ se aprecian circunstancias agravantes de la responsabilidad (intencionalidad y persistencia en la conducta infractora), cabe imponer la multa propuesta en su mitad superior.

TERCERO.- Que los hechos probados son constitutivos de infracción MUY GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, LAC-EP.

CUARTO.- Que a la infracción señalada puede corresponder la sanción de multa de entre 15.001 a 30.000 y con alguna de las sanciones previstas en los apartados a), b) o c) del numero uno del artículo 65, a tenor de lo establecido en el articulo 66.1 de la LAC-EP, entendiendo el Instructor que suscribe que cabe imponer la sanción económica propuesta en su mitad superior, consistente en VEINTIDOS MIL QUINIENTOS UN EUROS (22.501,00 ), y cese definitivo de la actividad.

QUINTO.- Que en el procedimiento seguido se han observado los trámites legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potestad sancionadora, respetando los derechos del presunto responsable.

SEXTO.- - Que es competente para resolver el presente procedimiento el Pleno Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72.2.b) de la LAC-EP, competencia que ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 07/07/2023.

Vistos los antecedentes mencionados, la LAC-EP, y las demás normas de general y pertinente aplicación, y para su consideración por el órgano competente para resolver, procedo a formular la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por la parte interesada, por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta de resolución.

SEGUNDO.- Imponer una sanción de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS UN EUROS (22.501,00 ), y cese definitivo de la actividad a la entidad DUANE & MIGUEL S.L., como titular de la actividad, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como MUY GRAVE en el artículo 62.1 de la LAC-EP, al desarrollar la actividad de RESTAURANTE (EL PIRATA) con terraza, sita en BAJOS DEL PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DE PUERTO RICO, LOCAL 12-B, término municipal de Mogán, sin la previa licencia/autorización correspondiente, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones.

TERCERO.- TRASLADAR el acuerdo que se adopte al Servicio de Tesorería (Rentas/Recaudación), a los efectos oportunos.>>

CONSIDERANDO, que la adopción de este acuerdo es competencia de la Junta de Gobierno Local, en virtud de las delegaciones efectuadas por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 07/07/2023, propongo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- DESESTIMAR las alegaciones presentadas por la parte interesada, por los motivos que han sido expuestos en la presente propuesta de resolución.

SEGUNDO.- Imponer una sanción de VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS UN EUROS (22.501,00 ), y cese definitivo de la actividad a la entidad DUANE & MIGUEL S.L., como titular de la actividad, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como MUY GRAVE en el artículo 62.1 de la LAC-EP, al desarrollar la actividad de RESTAURANTE (EL PIRATA) con terraza, sita en BAJOS DEL PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DE PUERTO RICO, LOCAL 12-B, término municipal de Mogán, sin la previa licencia/autorización correspondiente, y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones.

TERCERO.- TRASLADAR el acuerdo que se adopte al Servicio de Tesorería (Rentas/Recaudación), a los efectos oportunos.”

Una vez leída la propuesta, no se produce debate.

Sometida la propuesta a votación, queda dictaminada de forma favorable, con cuatro votos a favor de Juntos por Mogán (JPM), y una abstención del Grupo Mixto (NC-FAC).

4.-Dación de cuentas de los concejales delegados.

No hay.

5.-Ruegos y preguntas.

Don José Javier Romero dice que el pasado 18 de abril presentó por registro una pregunta acerca de los gastos del viaje de cuatro personas del ayuntamiento y de la empresa municipal a la Feria de Amstendam, y no le han contestado. La feria era de movilidad, y solicita que se le responda.

6.-Asuntos de urgencia.

No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ocho horas, treinta y tres minutos del mismo día de su comienzo, de la que se extiende la presente acta, y de la que yo, el Secretario General Accidental, doy fe.

EL PRESIDENTE,	EL SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL

Diligencia para hacer constar que el acta de la Comisión Informativa de Urbanismo, Promoción Turística y Seguridad, de fecha 29 de abril de 2024, ha sido aprobada por dicho órgano en la sesión celebrada el día 23 de julio de 2024.

Y para que conste, firmo la presente en Mogán, a fecha indicada en la firma electrónica.

El Secretario General Accidental,

Fdo.: David Chao Castro